RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA

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El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados José Rebollo Puig, presidió el pasado día 7 de mayo una rueda de prensa en la que los decanos de los colegios andaluces manifestaban la oposición frontal de la Abogacía andaluza al proyecto de Ley de Justicia Gratuita.

Francisco Javier Lara, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio, intervino en la rueda de prensa en la que declaró "El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros denota el criterio economicista con el que se ha redactado el texto, olvidando que el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita es un servicio público" indicando  también que actualmente el Servicio de Orientación Jurídica, al que los ciudadanos acuden para recibir información, es gratuito, si bien, "si el proyecto de Ley sale adelante en los términos en los que está redactado, únicamente podrán beneficiarse de su gratuidad los ciudadanos que finalmente resulten beneficiarios de Justicia Gratuita".

Por su parte, José Rebollo, Presidente del Consejo Andaluz destacaba que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita se ha elaborado sin contar con la Abogacía cuando "son los colegios de abogados y los propios abogados adscritos para prestar los distintos turnos de oficio, quienes conocen bien las necesidades del servicio y su funcionamiento. Sin embargo, el proyecto de Ley en ningún momento da respuesta a los planteamientos del propio Consejo General de la Abogacía Española y en este caso, del propio Consejo Andaluz".

En el comunicado redactado y facilitado a los medios de comunicación ( ver comunicado adjunto ) se han citado detalladamente las graves consecuencias que tanto para los ciudadanos como para los abogados adscritos al Turno de Oficio, podría tener de aprobarse el actual proyecto :

Aumentará la burocracia, provocará falta de igualdad entre los ciudadanos, aumentarán las obligaciones de los abogados reduciéndose los baremos, no resolverá los problemas reales, provocará sospechas injustificadas hacía el ciudadano, comportará una subida engañosa de los umbrales de acceso, no habrá garantía de financiación pública y supondrá más dificultad en el acceso a la justicia lo cual supondrá menos derechos para los ciudadanos.

En cuanto a la Ley de Tasas, la Abogacía andaluza rechaza que este proyecto de Ley se vincule a dicha Ley cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes y porque la Ley de Tasas, una norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de inconstitucionalidad.

El comunicado finaliza indicando que aunque la Abogacía coincide con el Gobierno en que, después de 18 años de vigencia de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es necesaria una reforma, esta debe ser  dialogada para adecuar este servicio a los ciudadanos a la actual realidad social y económica, abordando posibles disfunciones y dignificando el trabajo de los abogados del Turno de Oficio en beneficio de la población sin recursos. Por ello, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en la línea del Consejo General de la Abogacía Española, manifiesta su voluntad de colaborar activamente en su tramitación, buscando siempre el interés del ciudadano beneficiario de este servicio y trabajando por la dignidad del abogado que lo presta.

La Abogacía aplaude que el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita -puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía a coste cero para la Administración y para los ciudadanos- sea de uso obligatorio en las comunicaciones entre Administraciones y Colegios de Abogados.

"si el proyecto de Ley sale adelante en los términos en los que está redactado, únicamente podrán beneficiarse de su gratuidad los ciudadanos que finalmente resulten beneficiarios de Justicia Gratuita".







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