El Decano informa

Siguiendo la política de transparencia que caracteriza a la Junta de Gobierno que presido, quiero poner en vuestro conocimiento que el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Málaga me ha citado como investigado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial por unos hechos que se remontan al mes de mayo, en pleno confinamiento por el Covid-19. Os recuerdo a continuación lo que ocurrió, puesto que ya dimos la información en su momento, como siempre.

Los primeros meses de pandemia fueron muy convulsos. En marzo, tras la declaración del estado de alarma, nos vimos obligados a suspender los servicios de guardia porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad y era nuestro deber luchar para mantener a salvo a los compañeros.

Esos servicios se restablecieron pronto, una vez que se comenzaron a prestar las asistencias por medios telemáticos o, cuando esta opción no era posible, al menos se aseguraba la utilización de mascarillas y guantes y se respetaba la distancia de seguridad requerida por las autoridades sanitarias. En abril, de hecho, la Junta de Gobierno volvió a advertir que, si continuaban algunos incumplimientos que se habían detectado, se volvería a suspender el servicio. No obstante, se consiguió normalizar la situación, después de dos meses de tensiones.

El 2 de mayo, el magistrado de la Audiencia Provincial D. Pedro Molero Gómez realizaba unas manifestaciones en redes sociales en las que atacaba a la Abogacía, al Decano y a la Junta de Gobierno de ICAMALAGA, a raíz de una noticia en la que el Colegio instaba al CGAE y al CADECA a convocar huelga en agosto tras expresar su rechazo al plan aprobado por el Gobierno para la recuperación de la actividad judicial. Posteriormente, en el mes de julio, tras estudiar distintas opciones, el Colegio, a través de su Junta de Gobierno, decidió mostrar su malestar declarando al Sr. Molero persona non grata.

Sólo cuatro días después, el 6 de mayo, me llegó un apercibimiento del Juzgado de Instrucción nº 10 de Málaga, cuyo titular es Dª. Estela Gómez Giner, que además es la mujer del magistrado y también había intervenido en las conversaciones en redes sociales, pues se decidió de manera unilateral que las asistencias a detenidos se prestasen sin las garantías de seguridad que entendíamos necesarias y que hasta entonces ya se venían respetando por todos: jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios, policía y abogados. Comprenderéis que no podíamos dejar desamparados a los compañeros.

Estos son los antecedentes y las causas de la citación como investigado que he recibido a las 12:45 horas del día de hoy y que me he apresurado a poner en vuestro conocimiento, puesto que no tengo nada que ocultar y tengo el convencimiento de que me asiste la razón y de que todas las actuaciones de la Junta de Gobierno han tenido siempre como objetivo último el servicio y la ayuda a todos los compañeros y compañeras, quienes especialmente durante la pandemia han realizado y siguen realizando un trabajo encomiable y fundamental para defender los derechos de todos los ciudadanos y asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho.

Por eso quiero mostraros mi orgullo por pertenecer a esta profesión y por tener el privilegio de representaros como Decano con una Junta de Gobierno valiente y que ha estado en todo momento dispuesta a dar la cara en defensa de los colegiados, aún a costa de verme o vernos inmersos en un procedimiento penal.

Francisco Javier Lara Peláez

Decano

Octubre, 2020