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El Colegio presentará un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 13 febrero de Justicia Gratuita de la Junta de Andalucía

La Junta de Gobierno aprobó en la sesión celebrada ayer presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación ...

La Junta de Gobierno aprobó en la sesión celebrada ayer presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por los profesionales de la abogacía en la Comunidad Autónoma.

Esta decisión está fundamentada en el informe realizado por la Comisión del Turno de Oficio, que ha contado con las aportaciones que han realizado las subcomisiones de Extranjería, Violencia de Género, Menores, Penitenciario y por el Grupo de Abogados Jóvenes.

El Colegio considera que determinados artículos de citada Orden vulneran la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, de 10 de enero; el decreto 67/2008, de 26 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía; y la Ley Orgánica de Protección de Datos, al exigir en las transacciones extrajudiciales la aportación del documento de dicha transacción, el cual incluye datos especialmente protegidos.

Igualmente se recurrirá el contenido de diversos artículos que establecen el pago del módulo correspondiente a la finalización del procedimiento, el abono del módulo de sobreseimiento o archivo únicamente en las causas declaradas complejas o que no prevén el pago de la visita a menores en los centros de internamiento a diferencia de lo que ocurre con el pago del desplazamiento a prisión, lo que supone una indefensión de los menores, merecedores de una especial protección.

También se incluirán en el recurso aquellas resoluciones que en ninguna medida dependen de la actuación profesional del letrado, como es el caso del pago de determinadas actuaciones cuando sean admitidas a trámite, circunstancia que en ningún caso depende del abogado, o el pago del recurso de reforma, que únicamente se abona si es estimado, lo que supondría una retribución por resultado y no por trabajo.

Finalmente, será objeto del recurso la falta de determinación de la equivalencia folios/bytes del expediente digital a los efectos de cómputo de macrocausas o pago por folios, y la exigencia de la resolución definitiva de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita  cuando la intervención letrada se realiza a requerimiento judicial.

En la sesión celebrada ayer también se acordó designar a letrado y procurador para la interposición del correspondiente recurso y, a la vista del informe solicitado por la Junta de Gobierno, que plantea dudas sobre la legitimación del Colegio de Abogados de Málaga para interponer el recurso, se decidió que el mismo sea interpuesto por un letrado o letrada adscrito al turno de oficio, asumiendo el Colegio los honorarios de los profesionales intervinientes, los gastos del procedimiento, y las posibles costas judiciales.

La Junta de Gobierno seguirá informando a los colegiados puntualmente de las actuaciones que se vayan realizando.

Abril, 2018