La regulaci�n jur�dica de la ocupaci�n ilegal, a debate en el Colegio de Abogados de M�laga

La Comisión Normativa del　Colegio de Abogados de Málaga　ha organizado una jornada para abordar la regulación jurídica de la　ocupación ilegal de bienes inmuebles, con objeto de exponer las herramientas legales disponibles actualmente y detectar deficiencias para conseguir una regulación más eficaz y justa para los ciudadanos.

Durante la jornada, que tuvo lugar de forma presencial en la sede de la institución colegial, magistrados, abogados y fiscales, se han expuesto los　instrumentos civiles y penales disponibles　para resolver un problema que en Andalucía supuso la　ocupación ilegal de 1.994 bienes inmuebles　conocidos en el pasado año 2021, 361 de ellos en territorio malagueño.

En concreto, los expertos han analizado la posibilidad de　obtener Medidas Cautelares　de desalojo en el ámbito penal,　las instrucciones de la Fiscalía General del Estado y de Secretaría de Estado de Seguridad, así como la legitimación de las　comunidades de propietarios　y las　deficiencias de la regulación　civil tras la entrada en vigor de la Ley 5/2018, entre otras cuestiones.

Este análisis se ha producido en torno a una mesa redonda moderada por　A. Diego Peláez Díaz, letrado ICAMALAGA y miembro de la Comisión Normativa de la institución colegial; y en la que han intervenido　Juan Carlos Céspedes Villalba, letrado ICAMALAGA; María Pastor Santana, letrada y decana del Colegio de Abogados de Mataró;　Francisco Montijano, fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga; y　Francisco Javier Díez Nuñez, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.

La celebración de esta jornada jurídica formativa responde como　anticipo e introducción de un Congreso Nacional sobre Ocupación Ilegal de Bienes Inmuebles　que se celebrará en Málaga los días 19 y 20 de mayo de este mismo año.

El futuro encuentro, organizado por el　Colegio de Abogados de Málaga　junto con los colegios de Barcelona y Mataró, estudiará el fenómeno de la ocupación ilegal desde una perspectiva social, política, económica y jurídica, con objeto de recoger las conclusiones aportadas por los distintos expertos durante el simposio, y elevarlas a los poderes legislativos para instar de ellos la correspondiente modificación legal.