La Justicia debe aspirar a la excelencia

20/12/2016 | El Decano Informa

 

Recientemente me han notificado que el juicio por una demanda que presenté en un Juzgado de lo Mercantil en diciembre de 2014 se ha fijado para marzo del año 2020. Pase lo que pase para esa fecha, ya es un fracaso. Llegará tarde. No tendrá sentido. Esta no es la Justicia que reclaman y se merecen los profesionales ni, sobre todo, los ciudadanos. Y el daño que situaciones como esta producen sobre la economía española es incalculable. La Justicia, si es tan lenta, deja de ser justa.

 

La reforma de la Justicia en España está pendiente desde la época de la Transición,  y ya va siendo hora de que se alcance un pacto de Estado que le otorgue credibilidad, consistencia y durabilidad. Este asunto es tan importante como la educación o la sanidad, pero sigue siendo el patito feo de nuestra Democracia. Normalmente, cuando se habla de este asunto, las causas del deficiente funcionamiento de la Justicia suelen reducirse a la falta de medios económicos y personales. Es evidente que esta afirmación es verdadera, tanto como que no es la única causa: también es necesaria una reordenación de todo el sistema y, sobre todo, establecer órganos de control que velen por su correcto funcionamiento, como ocurre en cualquier empresa o administración.

 

La Justicia ha de entenderse como un servicio público y, por lo tanto, cualquier intento de modernizarla debe orientarse a mejorar la atención que se presta a los ciudadanos. Los problemas en este sentido, a día de hoy, son muchos, pero hay uno que preocupa sobremanera: la credibilidad, que hace referencia principalmente a la independencia. La solución no puede ni debe ser unilateral, sino que debe contar con la opinión y el consenso de una gran mayoría de fuerzas políticas, de los profesionales del Derecho, de los sindicatos y de los consumidores. Cuantos más participen en la búsqueda del mejor camino, mayor será su solidez. Llámenlo ‘Pacto por la Justicia' o como quieran, pero es urgente sentarse a hablar y negociar, sin más líneas rojas que la igualdad de todos los españoles en sus derechos y libertades. De todos es conocida la insistencia del Consejo General de la Abogacía Española por llegar a ese Pacto por la Justicia y me consta que el Ministerio está trabajando en este sentido y confío en la responsabilidad de todos los actores intervinientes, que deben anteponer ante todo los beneficios del interés general.

 

Hay muchas cosas que funcionan bien, como el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, al que los ciudadanos califican con un notable alto. Pero incluso aquí hay cosas que mejorar. No es comprensible, ni admisible, que existan tantas diferencias entre las retribuciones que se abonan en las diferentes comunidades autónomas. Hay que trabajar para homogeneizar los pagos en todo el país y para asegurar el mantenimiento de un servicio de calidad, atendiendo a criterios de proximidad territorial y de servicio público. Está sobradamente demostrado que los abogados de oficio no trabajan por dinero, así lo reconoció incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia en la que daba la razón al Colegio de Abogados de Málaga en un litigio con la Agencia Andaluza de la Competencia precisamente por el reparto del servicio con criterios de carácter territorial, pero esto no debe impedir que reciban una retribución digna.

 

La transformación de la Justicia debe partir, inexcusablemente, de la tecnología. No hay marcha atrás en este proceso. Los medios tecnológicos, utilizados con garantías de seguridad y confidencialidad, son la herramienta indispensable para agilizar la Justicia y hacerla más accesible. En este punto, quiero hacer una llamada a la reflexión: si estamos hablando de un servicio público destinado a ayudar a los ciudadanos, ¿no sería racional que hiciéramos un esfuerzo para hacerlo menos engorroso y más fácilmente entendible por todos? Esto no implica, por supuesto, que cualquiera pueda ejercer el derecho a la defensa, que debe ser ejercido por un profesional cualificado y debe estar protegido y asegurado por ley.

 

La Justicia debe afrontar cambios estructurales que simplifiquen sus procesos, diseñar una nueva planta judicial que saque el máximo provecho a los medios disponibles. Y es necesario un estudio riguroso de las infraestructuras físicas y tecnológicas existentes para planificar las inversiones con visión de futuro. A día de hoy, en pleno siglo XXI, existen sedes judiciales verdaderamente lamentables que impiden ofrecer un servicio de calidad.

 

Una buena fórmula para reducir la carga de trabajo de los juzgados es apostar de una forma decidida y valiente por las herramientas extrajudiciales de resolución de conflictos, que tan bien funcionan en otros países de nuestro entorno. En Málaga trabajamos para dar un impulso definitivo al Tribunal Arbitral de Málaga, que me honro en presidir, pero considero que, para tener éxito, la apuesta debe ser nacional y contar con el respaldo de todos los operadores jurídicos y sociales.

 

Por último, quiero hacer mención a un asunto que me parece crucial: la necesidad de elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un asunto delicado pero más que necesario, en el que hará falta mucha capacidad de diálogo y de trabajo para llegar a un acuerdo. El texto debe adecuarse a los cambios que está experimentando la sociedad y ser homologable a la legislación de los países de nuestro entorno.

 

Agilidad, cercanía, eficacia, igualitaria, flexibilidad, solidez y persistencia son algunos de los rasgos que debe tener el modelo de Justicia español para ser un referente europeo. Tenemos que aspirar a la excelencia en este servicio público, no podemos conformarnos con pasar el trámite.







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